Chihuahua.- La gobernadora María Eugenia Campos Galván afirmó que el Gobierno del Estado combatirá por la vía legal la resolución del juez federal Luis Eduardo Rivas Martínez, quien otorgó un amparo que permitió la liberación de José Luis A.C., propietario del Crematorio Plenitud, donde autoridades localizaron 386 cuerpos sin incinerar el 26 de junio del año pasado.
“Yo quisiera nada más poner aquí el dedo en lo que sucedió el viernes pasado, que un juez federal determinó otorgarle el amparo a la persona dueña del Crematorio Plenitud en Ciudad Juárez, por dos cuestiones que no parecen tener fundamento ni argumento”, declaró la mandataria. Añadió que su administración acudirá ante instancias federales y ante el Tribunal Federal de Disciplina para que el caso reciba una revisión formal. “No puede ser que un juez federal haya otorgado la libertad al dueño del crematorio”, expresó.
Campos Galván sostuvo que su gobierno acompañará a las víctimas. “Nosotros estamos del lado de las víctimas, por supuesto, estamos del lado de los juarenses y no puede ser que esto haya sucedido”, respondió al ser cuestionada sobre el impacto de la resolución.
El pasado sábado 14, en un comunicado, el fiscal general César Jáuregui Moreno informó que la dependencia presentaría de inmediato un recurso de revisión ante jueces del Poder Judicial Federal (PJF) con el propósito de que un tribunal colegiado recomponga la sentencia de amparo y restituya la situación jurídica previa a la liberación. En paralelo, dijo que interpondría un recurso de queja ante los Órganos de Control del propio Poder Judicial para que revisen la actuación del juez.
Jáuregui detalló que la noche del 13 de febrero autoridades liberaron al imputado en acatamiento a la resolución judicial. Recordó que en ese mismo juzgado anteriormente negaron un amparo al considerar que los cuerpos permanecieron durante meses, incluso años, apilados y sin manejo adecuado, bajo condiciones insalubres y en estado de descomposición, lo que representaba un riesgo sanitario para la comunidad juarense.
“¿Qué hemos probado? Que había 386 cadáveres sin un tratamiento adecuado, que tenían en ese lugar no días ni meses, años, y bajo las condiciones más insalubres; y probamos que a los familiares les entregaron urnas funerarias con restos que no correspondían a sus seres queridos”, señaló el fiscal.
El titular de la Fiscalía explicó que el juez federal centró su análisis en los verbos rectores de los delitos, “ocultar” y “conservar”, y concluyó que no existían en el caso porque los cuerpos no estaban escondidos. La representación social sostiene que las pruebas acreditan un dolo evidente en el acumulamiento de los cuerpos, ya que las familias pagaron por un servicio de cremación que no recibieron.
La Fiscalía informó que hasta el momento ha identificado 191 cuerpos y ha entregado 185 a sus familiares. Peritos practicaron 152 estudios de ADN cuyos resultados estarán en los próximos días. Mientras la estrategia jurídica avanza, el Gobierno del Estado y la Fiscalía anticiparon que agotarán todos los recursos disponibles para revertir la resolución federal y sostener el proceso penal.
