Tras el asesinato de Carlos Manzo, a manos de un joven de 17 años, el gobierno de la República aplicará en Michoacán una fórmula similar a la usada hace 11 años bajo un contexto de violencia y descontento social similar al actual, pero su éxito dependerá, me aseguran en Palacio Nacional, de una voluntad política auténtica y una voluntad social sin temor.
En 2014, Enrique Peña Nieto implementó el “Plan Michoacán, juntos lo vamos a lograr”, donde buscó controlar, con base en billetazos, a las autodefensas surgidas en la zona de Tierra Caliente más que ir por reducir y desarticular a los grupos criminales que habían sembrado el terror en esa zona, en el estado y en el país.
Para atender el problema creó, por Decreto Presidencial, la “Comisión para la seguridad y el desarrollo integral de Michoacán”, que dejó a cargo de su amigo Alfredo Castillo Cervantes, cercano a Rafael Macedo y quien fue su procurador general durante su gubernatura en el Estado de México.
¿Noroña contra los provocadores?
Sí, intentó controlar la situación con 45 mil millones de pesos, ordenó desplegar 250 acciones ancladas a cinco grandes ejes: economía familiar y generación de empleos; educación y cultura para la prosperidad; infraestructura moderna y vivienda digna; salud y seguridad social y desarrollo social y sustentabilidad. Y a la distancia podemos afirmar que fracasó.
En aquel Decreto Presidencial de enero de 2015, Peña Nieto reconoció algo que sigue vigente en Michoacán:
“En los últimos años, el Estado de Michoacán y varios de sus municipios han presentado manifestaciones de debilidad institucional, lo que ha propiciado diversas expresiones violentas de la delincuencia organizada y de otros grupos armados y, como resultado, se ha mermado el Estado de Derecho en el que se deben desarrollar las relaciones entre el gobierno y los habitantes de aquella entidad federativa”.
Uffff, lo dijeron hace casi dos sexenios y nadie se ocupó en realidad. Claro, hubo acciones de alto impacto como que Castillo asumió el control de las fuerzas federales y estatales (que se concentraron en Lázaro Cárdenas, Aquila y Coahuayana), se detuvo a la “La Tuta” y otros líderes de Los Caballeros Templarios, se otorgaron miles de créditos, miles de becas, se construyeron escuelas y caminos, se abrieron fuentes de empleo y no funcionó.
Como casi siempre, el gobierno dejó que bajara la presión social y el esfuerzo se diluyó, Castillo se fue a protagonizar polémicas en la CONADE, vino un cambio de gobierno y con ello un cambio en la política de seguridad para tener “abrazos y no balazos” … la consecuencia es un nuevo escenario de terror generado por la operación del crimen organizado que nunca se fue.
El “Plan Michoacán por la paz y la justicia”, lanzado formalmente el domingo por la presidenta Claudia Sheinbaum contempla una inversión de 57 mil millones de pesos, con más de 100 acciones ancladas, en este modelo a 12 grandes ejes de acción:
Seguridad, desarrollo económico, infraestructura carretera y caminos seguros, infraestructura de riego y saneamiento, programas sociales, educación, salud, vivienda, cultura, apoyo a la mujer, apoyo a los jóvenes y justicia para pueblos originarios.
En su mensaje la Presidenta dejó en claro varias cosas que representan una nueva oportunidad para que la situación cambie en Michoacán:
“A los michoacanos les decimos: no están solos, su Presidenta y todo el gobierno federal los respaldan”.
“Con todo el Gabinete seguiremos reuniéndonos con la sociedad michoacana y sus autoridades para dar seguimiento puntual y continuar fortaleciendo este plan”.
“Llegamos al gobierno con un amplio apoyo popular, sustentado en una convicción: la seguridad y la paz son fruto de la justicia”.
“Nunca traicionaremos la confianza que nos ha dado el pueblo de México. Nuestro esfuerzo, conocimiento, entrega cotidiana, es por el pueblo y para el pueblo, ese es nuestro mandato”.
La Presidenta de México tiene claro que Michoacán es en este momento prioridad nacional. Michoacán tiene hoy una nueva oportunidad de recuperar su paz y tranquilidad. El plan está en marcha.
