Planteo en forma de pregunta una de las mayores contradicciones del país en cuanto al “combate” de las organizaciones criminales: ¿cómo explicar racionalmente que los alcances del crimen han ido creciendo de manera sostenida, en paralelo a los recursos humanos, económicos y tecnológicos que durante medio siglo han destinado nuestros gobiernos? Mientras más invierten en seguridad, los criminales conquistan más poder y territorios. La contradicción viene sucediendo consistentemente desde la llamada Operación Cóndor en la década de los setentas, con Echeverría de presidente, hasta el Acuerdo Bicentenario firmado por López Obrador y adoptado por Claudia Sheinbaum.
¿Que han hecho tan mal nuestros gobernantes durante tantos años?. ¿son más torpes que los líderes delincuenciales?, ¿carecen de medios?, ¿no tienen idea de cómo diseñar una estrategia efectiva?, ¿les vale pues saben que tienen el erario para saquearlo a placer?. Qué demonios han hecho tan mal para una tragedia nacional así; han tirado miles y miles de millones de dólares y la delincuencia crece y crece, ¿porqué?. Narrativas de lugar común van y vienen con los sexenios, pero la pregunta fundamental jamás fue planteada por ninguna administración. Saben que una discusión pública sobre la contradicción expuesta, los dejaría vulnerables a la crítica y prefieren ignorarla.
No hay razón suficiente capaz de explicar el ostentoso fracaso. Menos si tenemos en cuenta que la ineficacia contra las organizaciones criminales no es fenómeno global; Estados Unidos acabó con las mafias italianas en los ochentas, con la Ley RICO, por los mismos tiempos Italia desmantelo a las estructuras criminales con una operación nacional que concluyó en el llamado “maxiproceso”, Colombia sufrió horrores pero al fin asesinó a Pablo Escobar y acabó con el poderoso cartel de Cali, Bukele sacó de las calles salvadoreñas y metió en prisión a las pandillas que desangraron a su pequeño país durante décadas. Estos y otros países tuvieron éxito donde México fracasó rotunda y flagrantemente. Vuelvo a preguntar, porqué.
Sólo existe una respuesta pertinente: la complicidad histórica entre gobernantes de los más altos niveles y mandos del Ejército con las diversas generaciones de capos mexicanos. Una referencia exprés a los inicios del narcotráfico nos ayuda a entender. En septiembre de 1969 el presidente Richard Nixon puso en marcha la Operación Intercepción, con el fin de frenar el contrabando de marihuana. Consistía en detener y revisar aleatoriamente vehículos mexicanos que cruzaban la frontera. Años después el gobierno de Luis Echeverría respondió con la Operación Cóndor, un amplio despliegue militar y policial en las inmediaciones de Sinaloa, Durango, Chihuahua, bautizado entonces como “Triángulo Dorado”, la remota región del país productora de yerba.
Hoy se cuenta como leyenda una reunión, en el marco de aquella operación, de tres criminales importantes de la época, Pedro Avilés, Ernesto Fonseca y Eduardo Fernández con un comandante de la temida Policía Judicial Federal, apellidado Huaracha. Por un testigo protegido, se supo que Miguel Nazar Haro, mítico director de la desaparecida Dirección Federal de Seguridad, organizó la reunión cuyo fin era sobornar al jefe policiaco ofreciendo un millón de dólares. El encuentro salió mal, pues Huaracha rechazó el soborno, (entonces había policías honestos). Tiempo después, septiembre del 78, hubo un enfrentamiento armado donde murieron Pedro Avilés y varios de sus sicarios. En aquel enfrentamiento el comandante honesto supo que los pistoleros de Pedro Avilés portaban credencial de la Dirección Federal de Seguridad. A partir de ahí surgió una nueva generación de narcotraficantes con Miguel Félix Gallardo, Ismael Zambada y Carmelo Avilés a la cabeza, todos con protección del gobierno.
¿Le resultan familiares estas historias? A mí si. Presión de los Estados Unidos al gobierno mexicano, complicidad entre altos funcionarios y criminales, agentes federales trabajando para jefes del crimen. Esencialmente hoy hablamos de lo mismo, con una diferencia sustantiva: antes los criminales estaban sometidos a las autoridades, el Ejército y las instituciones de seguridad ejercían pleno control sobre las bandas. Hoy no sabemos dónde está la línea divisoria entre unos y otros, imposible distinguir de bien a bien quienes son unos y quienes otros, su complicidad las mimetiza.
Desde aquellos viejos tiempos en que los Estados Unidos presionaban con revisiones vehiculares al azar en SU territorio, el gobierno de México desplegaba al Ejército en lo más intrincado de la sierra y capos regionales intentaban sobornar a comandantes de la Policía Judicial Federal cuyo mayor contacto era el director de la DFS, pasaron sólo dos décadas para consolidar poderosas organizaciones criminales extendidas en todo el territorio nacional y relaciones con criminales extranjeros. A partir de ahí expandieron su violenta influencia en alcaldías, gobiernos estatales, penetraron las instituciones de seguridad, el Ejército, las policías y llegaron hasta el gabinete del gobierno federal. Hoy gobiernan en la mayor parte de los municipios medianos y pequeños del país, están asociados con un número indeterminado de diputados, senadores, gobernadores, secretarios del gabinete federal, participan en elecciones, deciden sobre candidatos y, lastimosamente, corrompieron algunos de los más altos mandos del Ejército Mexicano.
En esa cadena desgraciada de violencia, inseguridad y muerte, otra constante. De manera paralela el gobierno de los Estados Unidos elevó las presiones, interviniendo cada vez más en territorio nacional, de formal ilegal. Empezó con Nixon, siguió con la CIA en la operación “Irán-Contras” (A la CIA se le atribuyen los asesinatos de Camarena y Buendía) hasta hoy que Trump presiona groseramente para que su Ejército realice operaciones abiertas en territorio nacional. Aquí cierro la primera parte de esta entrega, una introducción antes de llegar a Calderón, López Obrador y Sheinbaum, con sus contrapartes estadounidenses.
Rompeolas
Caro salió el panchito a los magistrados del acordeón guinda, al complicar el nombramiento de las tres propuestas oficiales para integrar el influyente Órgano de Administración. Fue una batalla sin sentido, pues terminaron aprobando las tres propuestas de la nueva presidenta y de todos modos quedaron mal. La gobernadora Maru Campos mostró su mano dura ordenando castigos que Santiago de la Peña operó con gusto, estaba esperando la señal. El más perjudicado resultó Yamil Athié, quien había asumido liderazgo entre los magistrados morenos. Tenía prometida la Sala de su gusto y por la rebelión lo mandaron hasta Parral. Dura la del señor cura. Otra sancionada fue la hija de Miguel Salcido, quien también formó parte de la intentona rebelde. Rubén Aguilar, otros de los insubordinados temporales que pretende quedar bien aquí y allá, no sufrió consecuencias, por ahora. Que muy comprometido con Cruz asegura Rubén, pues a ver donde se refugia cuando a Cruz le den un patadón en el trasero. La oposición por la mera oposición es el camino de Ariadna, no debería serlo de los magistrados que, suponen, le deben el favor. Abusados, hay vida más allá de la secretaría.
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Dejo para mañana el análisis del Informe del presidente municipal, Marco Bonilla. Es de sumo interés para él, teniendo en cuenta que puntea sólidamente entre los aspirantes a gobernador por la oposición. Este informe es importante, pues se supone que será el último antes de los predestapes, presumiblemente programados para el segundo trimestre del año que viene.
