Una tomadura de pelo a los trabajadores del país, burda farsa de un régimen que suele legislar a rajatabla en asuntos que concentran poder y desmontan instituciones ciudadanas. En la Reforma a la Ley Federal del Trabajo los mismos senadores y diputados que apresuraron votaciones constitucionales contra el ciudadano, ayer defendieron un gradualismo electorero traidor a la clase trabajadora que dicen representar. ¿Pacto con el gran capital, oligarcas como los llaman ellos?.
Los que presumen compromiso con el pueblo trabajador usaron su mayoría espuria para rechazar la obligatoriedad legal de dos días de descanso para los trabajadores, haciendo nugatorio los beneficios de una jornada laboral más reducida, que, además, votaron para que su aplicación sea progresiva. Encima, una regresión a los derechos del trabajador; elevaron de nueve a doce las horas de pago triple.
¿Dónde está la ventaja del trabajador con la nueva ley que presumen?. No existe, lo que si vemos es una campaña del régimen por vender la reforma como logro progresista, narrativa con fines electoreros pensando en que dan atole con el dedo a los trabajadores. Los acuchillan mientras susurran al oído que están ayudándolos. Dejarla como estaba hubiese sido preferible, así no despiertan falsas esperanzas.
Se burlan de ellos, de quienes les dan los votos, confirmando la escuela del populismo castro-chavista: “a los pobres hay que mantenerlos pobres por que si los llevamos a la clase media dejan de ser pobres y no votan por nosotros”, como aleccionó Hugo Chávez a sus devotos. En la versión cuatroté de López Obrador la misma, “yo prefiero a los pobres, porque con los pobres va uno a la segura”, dijo el expresidente siguiendo el evangelio de la podrida izquierda autoritaria.
Por supuesto que México necesita una reforma laboral, nuestros trabajadores sufren en las penosas jornadas en las que se levantan a las cuatro de la mañana para llegar a las plantas maquiladoras a las siete y hasta las cinco regresan a casa, mientras sus hijos anda vete. Reciben de prestación vales de subsistencia y transporte, garantía de puntualidad para la empresa, y un servicio médico en decadencia que los tortura cada que se ofrece.
En esa reforma no votada debería también poner su parte el gobierno, pues hasta hoy los aumentos al salario y otras modificaciones han sido con cargo completo a los empresarios. El gobierno se ausenta del compromiso pero quiere llevarse los méritos, en este caso falsos, sin aliviar la carga tributaria de los empresarios. Deberían ser solidarios, mostrar voluntad de mejorarlos.
En la narrativa de primero los pobres, del pueblo bueno y trabajador se regodean. Es su credo, su bandera electoral frente al “neoliberalismo esclavista”. También en esta parte resultaron peores, pues dicen poner al pueblo en el centro de sus prioridades de gobierno, pero en los hechos ese pueblo es visto como base de su entramado electoral: “un trabajador un voto”. Su bienestar no les importa, les basta con que cada trabajador tenga un domingo libre para que puedan llevarlo a votar.
Rompeolas
Cuando los demonios andan sueltos viejos fantasmas suelen salir a la superficie. En la secretaría del Bienestar existe una vieja demanda que data de cuando Juan Carlos Loera era delegado, la presentó un extrabajador de nombre Hugo Ruiz Esparza Márquez. Cuando era empleado descubrió una sucia maniobra, presumiblemente autorizada por Loera de la Rosa, en la que habría desviado más de 22 millones de pesos en tan sólo un mes, falsificando firmas de beneficiarios. Era dinero que correspondía a programas de adultos mayores. Hugo Ruiz resultó más terco que López Obrador y llevó su demanda hasta un Tribunal Colegiado, quien ordenó realizar una auditoria externa a la dependencia. Esa auditoria está, según ha informado su demandante, por realizarse. Si lograr cuajar dicha auditoria, como está mandatado judicialmente, Loera, Marcelino y otros funcionarios del Bienestar podrían tener problemas legales, están directamente señalados. Es un tema viejo que, sin embargo, mantiene vigencia. Iré dándole seguimiento.
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El libro de Julio Scherer y Fernández Menéndez pudo reducirse a los capítulos en que narran los primeros tres años de López Obrador, cuando Scherer oficiaba de poderoso consejero jurídico. Ahí está la carnita, especialmente en los señalamientos contra Jesús Ramírez y Hertz Manero, otros dos encumbrado del obradorato. La revelación mayor es que el nombre Jesús Ramírez, jefe de la propaganda del régimen y activo en el presente sexenio, aparece en expedientes ministeriales de los Estados Unidos, según los autores, señalado por tráfico de influencias. Aparte de las revelaciones, la importancia del documento radica en el tiempo en que lo publican, inicio del año preelectoral, y en la fuente, alguien que gozó de la mayor confianza y cercanía de López Obrador en los últimos 30 años y fue actor relevante en la operación del gobierno. Esto confirma la brutal confrontación entre dos fuerzas dominantes del régimen, tema del que hablaré la próxima entrega.
